La nulidad de las elecciones plebiscitarias

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Brindis al sol

Andan últimamente a vueltas con la posibilidad de que la independencia catalana se declare por la vía de unas elecciones plebiscitarias y creo que es el momento de analizar de cerca ese bicho, a ver cuántas patas tiene, y si salta o camina.

En primer lugar, hay que decir que unas elecciones plebiscitarias son aquellas en que al electorado se le pregunta sobre un tema y se considera vinculante su respuesta. De hecho, las diferencias entre plebiscito y referéndum son casi inexistentes.

La legislación española no permite elecciones plebiscitarias, al igual que la del resto de países occidentales. Las elecciones plebiscitarias, en general, son nulas por varias razones, además de la antedicha inexistencia de base jurídica:

-La decisión que se toma no tiene nada que ver con la pregunta que se hace. En el caso catalán, por ejemplo, supone preguntar al electorado qué partido político prefiere cuando en realidad se decide si se declara la independencia o no. Como cada partido ve la independencia de una manera distinta, y como en España está prohibido por la constitución el mandato imperativo (artículo 67), los diputados no pueden comprometerse a votar luego ese programa, ya que el acta de diputado es personal y no del Partido.

Convocar unas elecciones regionales y declarar la independencia es una maniobra tan golpista y marrullera como convocar unas elecciones municipales y declarar la República, aunque hoy en día esté muy feo decir tal cosa.  Viene a ser como pedir un baile y dar por hecho que te conceden un revolcón, hablando en otros términos.

– Las mayorías que se exigen no tienen nada que ver con las requeridas para un caso semejante. Cualquier referéndum de independencia exige mayoría cualificada, en unos casos de la mitad más uno de los votos y en otros de la mitad más uno de los censados, dependiendo de distintas circunstancias. En unas elecciones plebiscitarias bastaría con que los partidarios del SI obtuviesen mayoría absoluta, lo cual es posible con un 49% de los votantes, y aunque la participación sea del 50%, lo que arroja un 25% de los censados.

-El convocante no tiene derecho a tomar decisiones sobre un ámbito que no es el suyo. En mi comunidad de vecinos queremos cubrir las terrazas. Como el ayuntamiento no nos deja, en la siguiente asamblea nos declaramos independientes del ayuntamiento. ¿Tenemos esa clase de soberanía? Pues no. Ni aunque votemos por unanimidad. Pues eso mismo les sucede a los gobiernos regionales, que no tienen autoridad para convocar plebiscitos, y menos aún para tomar decisiones fuera de su competencia.

O dicho de otra manera: Si Artur Mas puede declarar la independencia, yo puedo dictar sentencias del Tribunal Supremo. Puestos a tomar resoluciones fuera de nuestras competencias, ¿qué diferencia hay?

El plebiscito, por tanto, es una opción tan legítima como los sanfermines, las fallas, y las competiciones de traineras. Como fiesta y folclore, está bien. Fuera de eso, y si se le quiere dar fuerza de ley, es una tomadura de pelo

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Andalucía y Valencia: la trágica semejanza de dos casos diferentes

Vieja alegoría del caciquismo

No se trata de ideologías, sino de la dura mecánica de los intereses inconfesables y los incentivos perversos: tanto Andalucía como Valencia llevan décadas gobernados por el mismo partido político, y a pesar de los constantes casos de corrupción, de los saqueos, de los dineros públicos empleados en cien malversaciones diferentes, a la hora de las elecciones los votantes sigue optando por continuar con los mismos gobiernos, como si le diese todo igual y alentasen la ampliación del mamoneo.

Y al fin y al cabo es o es lo que sucede: a una parte del electorado, muy amplia y cada vez mayor, le importa sólo el mantenimiento de sus relaciones con el poder, su clientelismo, el dinero gratis o con poco esfuerzo y las concesiones administrativas ganadas pongas lo que pongas en la plica del concurso.

Esta es la expresión máxima de la vieja doctrina del 51 % consistente en repartir todos los recursos disponibles entre el 51% de los votantes y no dar nada en absoluto al resto, de tal manera que los que reciben la parte del pastel te mantengan indefinidamente en el poder mientras los otros, simple y llanamente, pagan y revientan. Por eso, en los lugares donde se ha seguido esta doctrina, cuando un candidato recibía muchos más votos de este 51 % se le sustituía, puesto que se entendía que estaba creando un exceso de gente satisfecha, o lo que es lo mismo, estaba dándole algo a gente que no tenía por qué recibir nada en absoluto. O dicho de otro modo, porque estaba quitándoselo a los propios para dárselo a quien no debía.

Aquí no somos tan explícitos, pero la situación es la misma, repetida con dos corrientes políticas distintas y en dos regiones diferentes: las redes de clientelismo, de contratación a dedo, de favores debidos y licitaciones amañadas son más poderosas que el deseo de catarsis de una parte de la población, los que son neutrales, deseosos de ver que las instituciones funcionen con un poco de limpieza y transparencia.

Aquí nos hemos encontrado con que el cacique local, que se follaba a tu hija pero te daba tierras y trabajo, ha sido sustituido por una especie de aparato al que llaman democrático pero que viene a hacer poco más o menos lo mismo, con la agravante de que no puedes echarle siquiera la culpa, porque ahora se llama voluntad popular.

Para esto prefería al cacique: por lo menos podías agarrarlo un día y colgarlo de un pino.

 

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