Ante la Unión Europea y ante cuantos foros fuesen necesarios, e independientemente de la ideología de cada cual, alguien debería tomar la iniciativa de solicitar que el Presidente del Gobierno en funciones sea declarado golpista si persiste en su intención de permanecer indefinidamente en funciones, soslayando la Constitución, la ley, y el más básico sentido común.
Un político que después de ganar unas elecciones, por dos veces consecutivas se niega a acudir a una sesión de investidura, a sabiendas de que eso alargará su permanencia en el cargo, con los resortes del poder disminuidos, pero aún en sus manos, no puede ser considerado de otro modo.
Si acudiese a la investidura y la ganase, sería el más legítimo de los presidentes. Si acudiese a la investidura y la perdiese, sería el más legítimo de los Presidentes en funciones, pero negarse a que corran los plazos para que sus nombrados a dedo, todos esos miles de cargos públicos que nombra el ejecutivo, sigan cobrando del erario público pero sin capacidad de decisión, es golpismo, malversación y casi una traición al país.
Porque la cosa va de eso, creo: prolongar y prolongar, sin presupuestos, sin legislativo, sin la mínima intención de hacer lo que no se hizo con mayoría absoluta, sin negociar con los demás partidos, y con el calendario a cero, para que el chollo no tenga final.
La cosa va de aburrir a los aburridos, asquear a los asqueados y pagar a los nombrados a índice. ¿O si no, por qué tantas ganas de impedir que el tiempo corra?
Si la definición de golpe de Estado es la obtención del poder por medios fuera de los previstos pro la ley, mucho me temo que nuestro Gobierno en funciones se acerca peligrosamente a esa línea.